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El panorama laboral nacional dio un giro jurídico rotundo. Tras el examen de diversas demandas, el Consejo de Estado de Colombia ha suspendido provisionalmente el aumento del 23% del salario mínimo para el 2026, con ello buscan restablecer el rigor técnico en la fijación de este indicador vital para la economía nacional. El argumento de mayor validez para esta suspensión radica en que el Gobierno en turno, al expedir el Decreto 1469 de 2025, no explicó de forma clara y verificable cómo indicadores legales como la inflación (5,10% en 2025) o la productividad influyeron realmente en la cifra final. En su lugar, el tribunal advirtió que se dio prioridad casi exclusiva al concepto de «salario vital» de la OIT, desplazando los parámetros técnicos que exige la ley colombiana (Ley 278 de 1996). Como solución inmediata para evitar un vacío legal, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días calendario. Este nuevo ajuste deberá estar debidamente sustentado en una operación lógica que pondere de igual manera la meta de inflación, la productividad certificada por el DANE y el crecimiento del PIB, garantizando así la movilidad salarial sin arbitrariedades. Para las organizaciones que ya han realizado pagos de salarios o multas de liquidación bajo el aumento del 23%, el fallo aclara que tal suspensión no afecta los derechos ya consolidados ni los pagos realizados antes de que se publique el nuevo decreto, lo que significa que las nóminas y contratos ejecutados hasta la fecha se mantienen firmes para proteger la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores. En definitiva, esta determinación resalta que el bienestar social debe avanzar a la par rigurosa de la jurisprudencia. Al exigir que el salario mínimo se fije con criterios técnicos sólidos y no solo medidas aspiracionales, la justicia busca proteger la estabilidad macroeconómica y el empleo formal en un año de grandes desafíos. Ahora, el Gobierno tiene la oportunidad de presentar una propuesta salarial que equilibre el poder adquisitivo, favoreciendo a todos los sectores con un ajuste acorde con la realidad productiva del país.